Más impuestos contra la obesidad y la diabetes

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En diciembre, durante escasos días, la Argentina debatió sobre la posibilidad y conveniencia de aplicar mayores impuestos a las bebidas con alto contenido de azúcar. La propuesta oficial fue usada como moneda de negociación para dar curso a la Reforma Impositiva y rápidamente fue dejada de lado. Sin embargo, esta polémica ya lleva varios años en el ojo del debate sobre políticas públicas en todo el mundo y especialmente en América latina.

La tasa de obesidad en la Argentina alcanza el 27% de la población adulta y es la más elevada de América latina, mientras que más del 60% de los habitantes tiene sobrepeso. Así lo reflejan las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dejan al país incluso en el podio de los países del continente con mayor sobrepeso, junto con Canadá y Estados Unidos. Esto representa un grave problema para el sistema sanitario local y es una de las razones por las cuales organizaciones civiles impulsan la aplicación del impuesto.

En esta línea, Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, explicó que el gravamen del 17% a las bebidas azucaradas tenía como motivación una cuestión “estrictamente vinculada a la salud”, siguiendo recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Bajo esta premisa, los gobiernos que implementan este tipo de impuestos argumentan que el consumo de bebidas azucaradas está asociado a una mayor incidencia de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. Con lo cual, gravarlos encarecería el acceso y disminuiría su consumo. A mediano plazo, la salud pública se vería impactada positivamente y, a fin de cuentas, todos los contribuyentes, ahorrarían una cantidad significativa de dinero en concepto de costos de salud pública.

Versiones encontradas

Miembros de la comisión directiva de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) y ejecutivos de las empresas asociadas al rubro se manifestaron en contra del tributo. En diciembre, al anunciarse la intención de aplicar el ‘impuestazo’, presentaron los detalles del supuesto impacto negativo sobre el sector que supone el incremento de la alícuota y, además, indicaron que, para ellos, “es discriminatorio” el trato que se le da a las economías regionales en la reforma tributaria.

El secretario de Política Económica rechazó en primera instancia la posibilidad de dar marcha atrás con el impuesto, tal como el Gobierno hizo en el caso del vino. Luego, habló de la posibilidad de que la alícuota finalmente sea del 12% y no del 17%. Finalmente, el impuesto quedó en la nada. Y comenzaron a llover críticas desde las entidades civiles y organismos multilaterales por el “fin de un debate que no fue tal”, según refirieron desde una entidad de Naciones Unidas vinculada a la salud pública.

Los principales afectados no son los únicos que se manifestaron en contra. Iván Carrino, analista económico de Inversor Global, explicó que la medida tenía dos objetivos: “El primero, era evitar perder recaudación en medio de una ‘reforma tributaria’, que buscó alivianar el peso del sector público sobre las empresas y, el segundo, es el de ‘cuidar a la población’, lo que refleja una veta totalmente paternalista en la suba de este gravamen”.

Paternalista o no, una reciente publicación de la Canadian Taxpayers Federation, ONG canadiense, una ONG que evalúa el impacto de las políticas fiscales a la ciudadanía, puso en duda la efectividad del gravamen en términos de desincentivo. El estudio argumenta que “los impuestos a alimentos y bebidas simplemente no funcionan como se informaba”. La evidencia empírica muestra que los impuestos a alimentos con alto contenido calórico y azúcares “no reducen la obesidad” y “no hacen a la gente más saludable”. Sin políticas serias de prevención, dice la entidad, los impuestos terminan causando un “daño desproporcionado a los que menos recursos económicos tienen, llenan las arcas del Estado y causan sustanciales consecuencias negativas”.

Según FAO, la obesidad en América Latina “mata más gente que el narcotráfico, el crimen, la violencia y los conflictos armados”. Cerca de 62 millones de personas tienen diabetes en América y se prevé que esta cifra continúe en aumento debido a los altos índices de sobrepeso en la región. La FAO asegura que 1 de cada 3 adolescentes y 2 de cada 3 adultos en la región padecen de obesidad o sobrepeso. La institución que pertenece a las Naciones Unidas culpa a los precios de los productos. Según la FAO, la comida sana es más cara que la comida azucarada.

27%

es la tasa de obesidad en la Argentina entre la población adulta, la más elevada de la región.

60%

de los habitantes de la Argentina tiene sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud.

En la región

Chile fue uno de los primeros países en aprobar un impuesto del 10% para las bebidas azucaradas, aunque con resultados dispares. Le siguió México, donde el consumo sí se contrajo hasta 25% en dos años en el sector de bajos ingresos. En Colombia, el Senado trabó una propuesta oficial para subir impuestos mientras que Panamá se encuentra discutiendo el gravamen.

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