07 oct 2016.- El diputado del Frente para la Victoria-PJ Guillermo Carmona presentó un proyecto de ley que busca evitar el conflicto de interés y la incompatibilidad de los ejecutivos de empresas nombrados en cargos públicos, particularmente aquellos que ejercen como funcionarios en las mismas áreas de trabajo en las que se desempeñaron en la actividad privada.
La iniciativa propone que ningún funcionario público con rango de Jefe de Gabinete, Ministro, Secretario o Subsecretario puede haber desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión, tener participación accionaria en el país o en el extranjero, en empresas cuya actividad esté relacionada directamente con las competencias del cargo a desempeñar por el lapso de tres años anteriores a la posesión del cargo. Para los funcionarios de menor rango, la restricción será de dos años.
En la misma línea, según informó el bloque a través de un comunicado, ningún funcionario público podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo ejercido por el lapso de tres años posteriores al cese de sus funciones.
El proyecto propone que la declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos sa mucho más estrictas, y deberá incluir participación en empresas offshore; en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa; y en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario.
“Los grupos económicos suelen implementar mecanismos para direccionar o influenciar las políticas del Estado en favor de sus propios intereses, y uno de ellos es la incorporación masiva de CEOs de grandes empresas en puestos claves de la función pública, o el mecanismo inverso de llevar funcionarios clave (con acceso a datos e información privilegiada) a empresas privadas al término de su cargo”, señaló Carmona.
A su vez, destacó que “estas prácticas aumentan el riesgo de tráfico de influencias e información, y de que se produzcan conflictos de intereses que pueden perjudicar el bien común, y son la expresión de una nueva forma de gobierno donde las decisiones del Estado son cooptadas por los intereses de las corporaciones, la ceocracia”.
El proyecto, que lleva la firma de otros once diputados, forma parte de un paquete que incluye una iniciativa complementaria para crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción actualmente dirigida por Laura Alonso, quien, de acuerdo a los legisladores, se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de interés y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete de Mauricio Macri.
Algunos de los funcionarios del gabinete nacional que provienen del ámbito privado son: el ministro de Energía Juan José Aranguren (Shell); el secretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda (Pan American Energy); Luis Caputo (Deutsche Banck y Fondo de Inversion Axis).
Fuente: / cronista.com.ar